A comienzos de mes, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó su más reciente informe en el cual detalla que queda una ventana de oportunidad de apenas unos 12 años para evitar la irreversibilidad de los efectos catastróficos del creciente calentamiento global. En la Cumbre del Clima de Paris de 2016, 193 países se comprometieron a evitar que la temperatura global, hoy un grado Celsius por encima de los niveles preindustriales, sobrepasara los dos grados para 2030. El renombrado científico del clima James Hansen considera esa como “la fórmula para el desastre”. De ahí que el IPCC, en su informe del 8 de octubre, llame a disminuir la meta a 1.5 grados.
¿Qué pasó? Miles de millones en los países en desarrollo no tenían todavía acceso a la electricidad y la industria de los hidrocarburos ofrecía soluciones baratas a las necesidades de energía para el crecimiento económico y también la acumulación de riquezas. La concreción de consensos se estrelló con los intereses grandes y pequeños de los distintos actores.
En Colombia, se ha vivido un panorama semejante. Durante décadas, la frontera agrícola se fue ampliando por la presión de la pobreza y el desplazamiento forzado, produciendo una enorme deforestación. Demostrada la “mejora,” es decir, la destrucción del bosque y su reemplazo por cultivos o pastizales, se abría paso la adjudicación de baldíos. En la época más reciente, y habiéndose comprometido Colombia a desforestación cero en el 2030, la especulación y apropiación de tierras por parte de grandes capitales, ilegales y también legales, para la coca, la minería, la agroindustria, están arrasando con el bosque amazónico, los páramos y las zonas de recarga hídrica.
Las cifras son alarmantes. En 2015, se deforestaron 140.356 hectáreas, el 46% en la Amazonía; en 2017 aumentó a 219.973, con más del 80% en la Amazonía. En Guainía, donde el grueso del departamento es de protección forestal, su Gobernador acaba de firmar un Memorando de Entendimiento con la empresa canadiense Auxico para la extracción de “oro y otros minerales” como el coltán y el tantalio, liberando a Auxico “de cualquier responsabilidad emergente por efecto del no cumplimiento” de las cláusulas sobre minería limpia, entre otras.
Con los 7.869 títulos mineros, que cubren 8.5 millones de hectáreas incluidas zonas en páramos y parques naturales, expedidos en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe y la reciente decisión de la Corte Constitucional, reversando el mecanismo de la consulta popular para evitar la explotación minera en municipios de vocación agrícola y turística, difícilmente podrá reversarse la tendencia a la deforestación que tantos estragos produce y que permiten que un gobernador suscriba semejante afrenta a los intereses de su propio departamento en nombre del desarrollo.
Como bien lo plantea Juan Pablo Ruiz Soto en sus excelentes artículos en El Espectador, llegó el momento de “cambiar la lógica y divulgar por los medios masivos que deforestar en zona de reserva forestal no es argumento de tenencia, ni condición previa para solicitar o presionar por la titulación” y que las comunidades preserven su derecho de impedir explotaciones mineras en sus territorios. Como sociedad debemos vencer el cortoplacismo e impedir que la codicia –ese afán desmedido de lucro a cualquier precio- siga alimentando el cambio climático
