Entre las matanzas y la pandemia, se prepararía una guerra para asegurar la reelección de Trump

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Entre las matanzas y la pandemia, se prepararía una guerra para asegurar la reelección de Trump“Es muy probable que el presidente estadounidense pretenda ganar el 3 de noviembre, involucrándonos en un conflicto internacional de imprevisibles consecuencias” “Un estado en guerra solo sirve como excusa para la tiranía doméstica” Aleksandr Solzhenitsin

La tristísima semana que acaba de transcurrir ha revivido el amargo recuerdo de las peores masacres de la década del 80. Una serie macabra de un terror heredado que enluta la nación, con la masacre de los cinco niños en Cali que salieron a elevar cometas, o los niños que asesinó el Cartel del Golfo que iban a la escuela entre Nariño y Cauca, el asesinato de dos indígenas nasa en Corinto, Cauca, uno de ellos periodista, y la matanza de nueve jóvenes en Samaniego (Nariño). Estos hechos no solamente estremecen al país, sino que también, unidos al largo exterminio sistemático contra líderes sociales y reinsertados, ponen en entredicho el papel del gobierno nacional e incluso cuestionan al Estado en su conjunto.

Es claro que si el ejecutivo no puede garantizar la vida de los ciudadanos, está dejando de cumplir una de sus funciones más esenciales. En ese marco, es al gobierno, como responsable del orden público y al presidente Iván Duque, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a quien debe exigírsele la responsabilidad mayor. Ante el avance de la violencia en un comunicado inusual conjunto de la Misión de Verificación y de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recordó que la ONU ha documentado en lo que va del año 33 masacres, y los asesinatos de 45 defensores de derechos humanos y 41 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación.

Y se urge a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a que avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como a las demás autoridades a otorgar seguridad a las comunidades amenazadas, investigar y sancionar a los responsables1.

El presidente, de acuerdo a nuestro Estado social de derecho, encarna la unidad nacional, es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa y comandante de las Fuerzas Armadas, por la tanto debe asegurar la paz social, promover la paz política, asegurar el control del orden público e implementar todas las políticas y recursos necesarios. También está en la obligación de respetar y hacer respetar nuestra soberanía, promover la integración latinoamericana, respetar la autonomía de los pueblos y la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que por el contrario, la situación se ha agravado considerablemente. A ello hay que sumar varios acontecimientos que cuestionan más aún esa gestión. El primero es la merma de nuestra soberanía por la constante intromisión de una potencia extranjera en nuestros asuntos internos, por medio del ingreso de militares de estadounidenses al país, sin autorización del Senado ni concepto favorable del Consejo de Estado y la sumisión de nuestros militares al gobierno de los Estados Unidos, como quedó en evidencia con la presentación que hiciera ante Trump el almirante Craig Faller sobre el brigadier general Juan Carlos Correa afirmando que trabaja para él y es pago por el gobierno colombiano2.

Por lo demás, el país se ha quedado con la sensación de que se le oculta la verdad sobre ese asunto, porque se le sigue manejando con gran opacidad, no se ha vuelto a dar información y ni siquiera se sabe el número exacto de militares foráneos que están ya en Colombia. Pero eso no es todo. Dada la política del gobierno del presidente Duque de alienación total con la estrategia del mandatario norteamericano respecto a Venezuela y conocido el antecedente del famoso cuaderno del por esos días asesor de Seguridad Nacional de Trump, señor Bolton, con la anotación “5000 tropas a Colombia”, no se necesita mucha suspicacia para suponer que la lucha contra el narcotráfico como presunta justificación de la llegada de ese personal es más bien una excusa para para agredir militarmente al país hermano.

Cabe recordar que cuando era de esperarse por lo menos una protesta formal de nuestra dirigencia, lo único que hizo el entonces encargado de las relaciones exteriores, precisamente el doctor Carlos Holmes Trujillo, fue banalizar la situación y regalarle a Bolton una libreta similar, detalle que ambos dignatarios celebraron entre risas Ya como máximo jerarca de la defensa, Carlos Holmes Trujillo no ha dado explicaciones válidas sobre el papel del gobierno de Colombia en la frustrada incursión marítima a Venezuela que partió de territorio nuestro a comienzos del mes de mayo. Tampoco ha dicho nada coherente sobre la extrañísima desaparición de tres embarcaciones de la Armada que fueron a dar a la nación vecina junto con el costoso armamento de que están dotadas. También brilla por su ausencia cualquier gestión dirigida a recuperar ese material bélico. En este coyuntura y mientras Donald Trump pierde en las encuestas de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, resulta muy preocupante la visita a Colombia del consejero de seguridad nacional, Robert O’Brien, del encargado para asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver-Carone y el jefe del Comando Sur, Craig Faller.

No llegan a Colombia para dar su apoyo al desmonte de las organizaciones criminales, ni para contribuir a erradicar las estructuras del Cartel de Sinaloa en Colombia, ni para dar su apoyo para evitar que continúen las masacres y asesinatos de líderes sociales. Lo que es previsible es que pretendan involucrar aún más al Estado colombiano en sus planes de desestabilización, de agresión contra el gobierno del país vecino o incluso de involucrarnos en una guerra con el objetivo de asegurar la reelección de Trump. Las declaraciones de Mauricio Claver-Caron previas a su visita dan a entender que el propósito esencial es ese, no les interesa las toneladas de droga que salen por el Pacífico, ni por el Caribe colombiano, sino la droga que saldría de Venezuela hacia Centroamérica. “Buscaremos implementar aún más la cooperación para poder terminar con estos carteles, incluyendo el Cártel de los Soles”, dijo en una teleconferencia, donde insistió en que Venezuela es un “narcoestado”3.

Recordemos que Estados Unidos a fines de marzo inculpó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” por su presunto liderazgo del “Cártel de los Soles” y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto. El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado estas acusaciones y las ha denunciado como un pretexto para violentar la soberanía de su país. El almirante Craig Faller ha desplegado una gran fuerza militar en el Caribe preparando la intervención militar contra Venezuela, en las que se ha involucrado el gobierno colombiano. EE. UU. desplegó un buque de guerra, frente a la costa de Venezuela, el destructor USS Pinckney, un barco lanzamisiles de clase Arleigh Burke, la operación incluye más barcos, aviones, buques de combate litoral, naves marítimas de la Guardia Costera y gente de una Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés). Esta operación, según anunció Donald Trump, tendría el apoyo de 22 naciones, entre ellas Colombia4.

El gobierno colombiano, siguiendo el libreto, la llama la “Operación Orión V” que lideraría con el apoyo de 17 países5, luego se anunciaría el éxito de dicha operación con la participación de 25 naciones6.

El 3 de mayo de 2020 se puso en marcha la “Operación Gedeón”: un grupo de 60 mercenarios que habrían salido de territorio colombiano para atentar contra el presidente Maduro, 8 fueron muertos por la reacción de las Fuerzas Armadas de Venezuela y 16 habrían sido detenidos, entre ellos 2 antiguos militares de los Estados Unidos, Luke Alexander Denman y Airan Berry, que habrían combatido en Irak y Afganistán con el Ejército de EE. UU.7 Según Semana, la intervención habría sido preparada en “los elegantes salones del hotel JW Marriot, en Bogotá, y los desérticos parajes de La Guajira, se orquestó una rocambolesca operación militar que pretendía irrumpir en Venezuela y derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Sus protagonistas, el narcogeneral venezolano Clíver Alcalá y el condecorado exsoldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Jordan Goudreau”8.

El general Cliver Alcalá llevaba dos años en Colombia y reconoció en entrevista con la W Radio su responsabilidad frente a un millonario arsenal que fue incautado con rumbo a La Guajira —26 fusiles de asalto AR-15, encontraron 30 miras láser, 37 visores nocturnos, ocho silenciadores, chalecos antibalas, cascos— y que tendría como destino el derrocamiento de Nicolás Maduro, con la colaboración de Juan Guaidó —el impuesto presidente interino— preso y de JJ Rendón. Lo interesante de destacar es que el gobierno de Trump ya había ofrecido 10 millones de dólares por la cabeza del general Cliver Alcalá por sus nexos con el tráfico de drogas.

Sorprendentemente Cliver Alcalá no fue detenido ni procesado en Colombia sobre el tráfico de drogas, ni de armas, ni judicializada su confesión y declaración que involucraba nada menos que a Juan Guaidó en una operación ilegal de naturaleza terrorista que nacía en territorio colombiano, tampoco se le detuvo con fines de extradición. Con la mediación de la Dirección Nacional de Inteligencia, se entregó voluntariamente a la DEA para irse en uno de sus aviones a los Estados Unidos. Un hecho de semejante magnitud y gravedad no ha merecido siquiera un debate público, sobre cómo se involucró el gobierno colombiano amparando un criminal y una operación terrorista y de agresión al vecino país, con el aparato de inteligencia del Estado que depende directamente del gobierno de Iván Duque.

Los elementos que presento en esta columna son solo la punta del iceberg de decisiones más profundas y oscuras, con alianzas con narcos, como el episodio de los Rastrojos entregando a Guaidó al gobierno colombiano para el gran concierto de la frontera para la “liberación de Venezuela” del 22 de febrero de 2019 o las relaciones con el general Cliver Alcalá.

La inminencia de que Trump y Duque nos involucren en una guerra contra Venezuela debemos advertirla para que se reconsidere el rumbo al pie del abismo, por el que nos conduce las equívocas decisiones gubernamentales. Recordemos que EE. UU. invadió Irak con el pretexto de que Husseim tenía armas de destrucción masiva, se apoderó de su petróleo y destruyó el país. Hoy el narcotráfico les sirve de pretexto para asegurar una reelección y para apropiarse de las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Mañana con el mismo pretexto vendrán por nuestros recursos naturales. ¡Colombia es hora de despertar! Es necesario advertir a la población colombiana, a sus instituciones e insistir ante el Congreso de la República para que ejerza su control político. Es muy probable que el Sr. Donald Trump pretenda ganar la reelección el próximo 3 de noviembre, involucrándonos en una guerra internacional de imprevisibles consecuencias para Colombia y para toda la región.

En esta hora crucial, cuando en el país se desangra en las matanzas de niños, jóvenes y líderes sociales, cuando nos hundimos en la crisis de la pandemia y el manejo inconstitucional de la misma, cuando desde la propia Casa de Nariño se promueve la desinstitucionalización del país atacando la independencia de la Corte Suprema de Justicia, debemos reclamar con la fuerza necesaria al señor presidente Iván Duque ¡cumpla con el artículo 9º de la Constitución Nacional, no nos involucre en una guerra con Venezuela, respete la Carta de las Naciones Unidas! Recuerde que Estados Unidos no tiene fronteras con Venezuela, nosotros tenemos 2.219 kilómetros, al desatar la agresión militar, más allá de los costos incalculables de la guerra para los pueblos de las dos naciones, es de prever que millones de venezolanos no llegarán a las costas de Miami, huirían a Colombia.

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