Una Procuraduría descabellada inicia investigaciones selectivas e infundadas para satisfacer el mandado de quienes no soportan el hecho de la perdida del poder.
Así, queda demostrado luego de conocerse que desde uno de los entes que todavía está en manos del uribismo, inician caserías de brujas y pretenden volver chivo expiatorio a un referente en la defensa de los derechos humanos y de prácticas transparentes.
El superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez Casas, es perseguido por iniciar una depuración en las Cajas de Compensación Familiar en las que al parecer y según varias denuncias, la constante era utilizar la mermelada y entrega de puestos de trabajo como cuotas políticas para favorecer a gamonales y clanes enquistados de la política tradicional y ultra conservadora.
Para quienes están detrás de la persecución resulta incomodo que se conozca la información necesaria que se requiere para que el organismo de vigilancia tenga elementos para conocer el entramado político que han tomado las cajas de compensación, y que están acostumbrados a aceitar sus maquinarias con recursos destinados al beneficio de los trabajadores y trabajadoras de medianos y menores ingresos.
Luis Guillermo Pérez es un abogado de la Universidad Nacional, con maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos, es defensor de derechos humanos con una experiencia de más de 30 años y expresidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), que además realizó una labor destacada como secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha manifestado luego de que se diera a conocer esta evidente persecución: “Cumplo la obligación constitucional de defender los ddhh y la paz, seguiré luchando contra la corrupción y la impunidad. Respeto la decisión de la Procuraduría. Seguiremos trabajando a favor de la población vulnerable y por la inclusión social ¡somos el Gobierno del cambio!”.
En cuanto a la supuesta manipulación de la lista de interventores elegibles, junto con las necesarias averiguaciones sobre las nóminas de las cajas de subsidio familiar son a la luz de varios abogados, una situación de competencia del superintendente y su función, pues se requiere conocer como están operando.
Y sobre la supuesta solicitud de un aporte solidario para beneficio de la población de Buenaventura les incomoda al parecer, que exista la iniciativa de varios directores de las Cajas de Compensación Familiar de aportar y gestionar recursos que contribuyan con la paz de Colombia y que se conozca públicamente su voluntad por acompañar la iniciativa del gobierno nacional, por seguir avanzando en la construcción de la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Hasta el momento son varias las opiniones de ciudadanas y ciudadanos acompañando la gestión del funcionario y es generalizado el rechazo a la persecución de una procuraduría con acciones descabelladas, retardatarias y anacrónicas.
