El Concejo no solo decidirá si Bogotá entra o no en la Región Metropolitana. Su visto bueno es lo que producirá en realidad el nacimiento de la criatura. El cabildo está a punto de hacerse el harakiri y no precisamente por honor.
La alcaldesa presentó ante el Concejo el proyecto más importante que se discutirá en el cuatrienio y quizás de las últimas décadas. El cabildo no solamente decidirá si Bogotá entra o no en la Región Metropolitana, su visto bueno producirá en realidad el nacimiento de la criatura.
Si dice no, el proyecto muere, pues no puede haber Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca sin Bogotá, pues somos los bogotanos los que mayoritariamente pagaremos por esa nueva institucionalidad, creada a la medida de la ambición económica de los gremios y de la ambición política de Claudia López.
La tan mentada Región Metropolitana es un “peor es nada” a la carencia de una asociatividad regional para la Sabana de Bogotá. La idea de crear una institucionalidad para lo que, en la práctica, hace tiempo es una Megalópolis, es sin duda una buena idea. El problema es la chambonada que nuestra clase política quiere implementar a toda costa, lo que sería otro ejemplo del altísimo precio que se paga por la incapacidad de los legisladores y por la ambición desmedida del puñado de congresistas que sí entiende lo que votan.
La figura del área metropolitana existe hace tiempo en Colombia, pero dada la importancia de una decisión de ese calibre, la Constitución determinó explícitamente que para crearla se requiere de una consulta popular. Esto tiene todo el sentido, pues en una democracia las competencias de una entidad territorial no pueden cederse por capricho de unos políticos.
Pero la muy innovadora Juanita Gobertus, de la mano de la más rancia politiquería de Cambio Radical, se inventó la Región Metropolitana, cambiaron la Constitución por Zoom en medio de la pandemia, simplemente para quitar del camino el obstáculo de la consulta. Lo que debería ser un acuerdo entre los ciudadanos de los municipios quedó convertido en una manguala entre los gremios y la clase política. Es muy claro que detrás de esto no está mejorar la vida de los cundinamarqueses y de los bogotanos, sino los grandes negocios de escala metropolitana.
El improvisado manoseo a la Constitución se terminó de desarrollar con la ley 2199 de este año. Esta ley pretende reglamentar algo que es ilegítimo, porque no permite que la ciudadanía decida si la asociatividad se crea o no. Y aún peor, le quita competencias al Concejo de Bogotá para dárselas al nuevo engendro burocrático que en realidad estará bajo el control total del alcalde de Bogotá y del gobernador de Cundinamarca.
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