¿Rescate social?

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Fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá el anunciado, desde hace unos meses, “Plan de Rescate Social y Económico”, con el que la administración pretende reactivar la economía de la capital, la cual ha sido golpeada, tanto por las políticas económicas de las administraciones nacional y distrital, como por la pandemia y su mal manejo. Falta la aprobación en la plenaria de la corporación para que se convierta en Acuerdo Distrital y entre en plena vigencia, lo que se supone pasará, ya que Claudia López tiene los votos para que ello ocurra (1). Los dineros de este “Rescate Social y Económico” provendrán de la deuda pública, es decir, la administración pedirá un préstamo para financiar los diferentes programas y el rescate de Transmilenio.

Este es el cuadro del proyecto de acuerdo presentado a la Comisión de Hacienda:

La Comisión aprobó, en primer debate, con las siguientes modificaciones:

Aumentó el monto de lo que se va a invertir de 1,831 billones de pesos a 1,935 billones, veamos:

No aparece específicamente el monto que se va a destinar a Transmilenio, lo cual no deja de llamar la atención, mientras en el proyecto aparecían dos rubros uno por 1,036 billones, correspondiente a SDH-Transmilenio FET y otro por 114 mil millones correspondientes a SDH-Transmilenio Infraestructura, lo aprobado solo muestra un valor total dependiente de la secretaria de hacienda por 1, 453 billones de pesos:

La Comisión hace la aclaración de que si el Gobierno Nacional de mas recursos, el dinero de Transmilenio se reasignaría:

Analizando los rubros que, fueron aprobados, encontramos que del total de 1,9 billones de pesos que representa el programa, se supone, que 1,453 billones van para el rescate de Transmilenio, hecho que fue justificado por la mandataria distrital en muchos escenarios, pero la más reciente, la hizo con las siguientes palabras:

El transporte masivo es como el agua o como la educación o como la seguridad, es un bien público, nos pertenece a todos, lo pagamos, con los impuestos de todos los ciudadanos. Es un esfuerzo extraordinario para que aún en la situación más difícil, podamos seguir teniendo educación, empleo, seguridad y, por supuesto, transporte. El transporte público masivo de Bogotá lo utilizan fundamentalmente 9 de cada 10 personas que usan el sistema. Son personas de estrato 1, 2 y 3 que utilizan el transporte masivo para ir a estudiar, para ir al médico y para ir a trabajar. Son los tres primeros usos y principales usos del transporte público masivo.”  (la cursiva y la negrilla son míos)

 

Analicemos la afirmación, ¿el transporte público, en Bogotá, es de todos? Es conocido ampliamente que después de mas de 20 años de haber implantado este sistema, y la forma en que se firmaron los contratos, lo que ha hecho la ciudad, es decir todos, es darles las vías, esas si públicas, en exclusividad, a unos pocos empresarios, que se han lucrado y no le han devuelto nada a esos ciudadanos que Claudia López, afirma, son dueños del transporte público. Los verdaderos amos, señores y propietarios del transporte en Bogotá son 15 sociedades que pertenecen a los tradicionales propietarios de este negocio, como lo relata el portal las 2 Orillas en este artículo titulado “El negociazo de los dueños de Transmilenio” (2). Entonces, ¿de dónde saca Claudia López que el transporte en Bogotá es de todos, para justificar la entrega, sin ninguna contraprestación, de esa enorme cantidad de dinero? y aparte de eso que todos los que habitamos la ciudad quedemos endeudados, pagando intereses, por ese préstamo, no se sabe por cuánto tiempo.

Lo que vemos en lo destinado por el gobierno distrital y el concejo, para la reactivación es: Secretaría de Integración Social, con 164.254 millones, Secretaría de Desarrollo Económico, con solo 31.320 millones, y hay un rubro, también dependiente de la Secretaría de Hacienda, por 500 mil millones de pesos (medio billón) que no tiene nombre específico en el texto de lo aprobado, que suponemos, reemplazaría el llamado Bogotá Solidaria del proyecto,  que era por 302.700 millones de pesos y que desapreció del texto aprobado, que sería para “garantizarle el sustento” a un número de familias vulnerables.

Hace la Comisión algunas modificaciones, por ejemplo, se le baja la cantidad de dinero a las Secretaría de Educación de 29.667 millones a 28.693 millones, a la Secretaria de Ambiente de 14.000 millones a 13.000 millones, crean un rubro nuevo para el Fondo Financiero Distrital de Salud por 100.000 millones de pesos:

Pero lo que mas sorprende es la adjudicación de presupuesto a los entes de control: a la Personería de Bogotá le adjudican 2.000 millones y a la Contraloría de Bogotá 3.000 millones, ¿qué tienen que ver estos entes de control en un rescate social?:

El resto de ítems son para otras secretarías y dependencias, que se mantuvieron igual que en el proyecto, el gobierno debe aclarar como van a utilizar esos dineros en el “Rescate Social”. Lo específico para el objetivo es 695.574 millones, el resto como dije antes, debe aclararse, detallarse y controlarse para evitar que esos dineros se utilicen para otras cosas.

Pero una real reactivación económica debe pasar por la producción y el comercio, en este contexto debemos analizar la situación de los pequeños y medianos comerciantes que serían la base para impulsarla. En entrevista con Fernando Garzón, ex edil de la localidad de La Candelaria por el Partido Verde, comerciante y estudioso de los temas de la capital, nos presentó un panorama desolador de la situación de este sector. El centro de la ciudad que ha sido el sitio emblemático y tradicional de actividades políticas, sociales y económicas del país está muriendo por la falta de atención y desidia de la administración de la capital. Nadie, en ningún tiempo de la actual crisis, les ha tendido una mano, les ha dado un auxilio o mínimo les ha subsidiado un servicio público, todo lo contrario. Para poner solo un ejemplo, el operador de aseo Promoambiental, ha subido este servicio sin justificación, a pesar del cierre de locales y el funcionamiento a media marcha por las medidas de bioseguridad decretadas que obligaban a horarios restringidos.

Como consecuencia de esta situación en el centro se han cerrado cantidad de negocios, hay muchos locales clausurados y la delincuencia se está tomando el sector, delincuencia colombiana y de otra nacionalidad específica, que se disputan los sectores sin control, denuncia Garzón. Las conocidas Carrera Séptima, Carrera Novena y Avenida Jiménez, después de las cinco de la tarde son terreno de nadie, robos, atracos y prostitución están a la orden del día. Ninguna autoridad distrital hace presencia ni toma cartas en el asunto para ayudarles a los comerciantes en la erradicación de este flagelo. No solo han tenido que lidiar con la pandemia, sino que a esto se suma la falta de responsabilidad y compromiso de la Administración Distrital en cumplir con la Constitución Nacional que es preservar la vida y bienes de los residentes y comerciantes del centro de la ciudad.

Pero los comerciantes que más están afrontando esta situación no están agremiados en FENALCO, que son una minoría, son ese mar de pequeños y medianos que son los más grandes generadores del circuito económico, empleo y de impuestos de la ciudad y que, como consecuencia del cierre de negocios, disparó el desempleo en la capital durante la pandemia. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido una de las más altas del país, (3) veamos el cuadro:

En los hombros de los comerciantes pequeños y medianos descansa un gran porcentaje de la economía de la ciudad, pagan Cámara de Comercio, el impuesto de industria y comercio ICA, IVA, impuesto de renta, servicios públicos, seguridad social y si están en centros comerciales: vigilancia, aseo, administración, mantenimientos, etc. Mueven la riqueza de Bogotá, le compran a los productores, importadores y mayoristas y le venden al consumidor final.  Su generación de empleo no es solo por las vacantes directas que proveen con su actividad sino las indirectas que rodean sus comercios.

Nadie les ha ayudado, no les han dado nada, no les han “perdonado” ningún servicio ni impuesto, todo lo contrario, deben pagar todo cumplidamente, en cambio los gobernantes les dieron todas las prerrogativas a las grandes superficies, a los agremiados, a los que tenían mas de no se cuantos trabajadores les dieron dinero para las nóminas. Las diferencias entre unos y otros son abrumadoras. Aunque en las ultimas semanas se ha sabido de dos grandes superficies en dificultades, amenazas de cierre y sometimiento a la llamada ley de quiebras (4)(5). Si eso les pasó a esas empresas tan sólidas, ¿que les ha sucedido a los pequeños y medianos comerciantes? No es difícil suponerlo.

La Secretaría de Desarrollo Económico es la que debiera liderar e impulsar la reactivación económica, pero con ese presupuesto y esa “no mirada a los comerciantes”, es casi imposible. Por esa razón en este “Rescate Social” no se ve por ningún lado una intención de reactivación económica ni mucho menos un plan de salvamento de los comerciantes para que puedan seguir ejerciendo sus actividades, colaborando, tanto a la ciudad con sus aportes, como a la sociedad en la generación de ese empleo tan valioso para una reactivación económica real. Lo que uno ve, es el rescate de unos empresarios de Transmilenio que no le han devuelto ni un peso a la ciudad y solo han pensado en llenar sus bolsillos.

 

Las opiniones  realizadas por los columnistas  del portal www.laotravoz.co  no representan la identidad y línea editorial del medio.
Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

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