En Bogotá se ha constituido un escenario de resistencia popular ligado a las grandes movilizaciones y revueltas populares ocurridas desde el segundo semestre del 2019. La formidable explosión social de abril del 2021 resaltó nuevos repertorios e instrumentos de acción del movimiento comunitario. Me refiero a la organización de grupos de acción colectiva conocidos como la “primera línea” y la configuración de territorios de resistencia en puntos clave de la ciudad.
Frente a la potencia de la revuelta el gobierno de la ultraderecha uribista ha reforzado todo el dispositivo neonazi de represión, persecución y violencia con asesinatos de líderes, masacres, montajes judiciales, encarcelamientos, torturas y aprobación de normas propias de un régimen terrorista que desconoce los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En la Capital de la República, como reflejo de la histórica movilización popular y el auge de la inconformidad social se han constituido territorios de acción y confrontación con el Estado y sus aparatos policiales como el ESMAD en lugares de gran concentración popular como las Localidades de Usme (Yomasa y la Marichuela), Bosa, Suba, Kennedy (Portal de las Américas) y Ciudad Bolívar.
Llama la atención que en estos lugares ha crecido y se ha fortalecido la organización popular con redes de jóvenes, mujeres, trabajadores y ciudadanía en general que levanta importantes reivindicaciones con derechos fundamentales para enfrentar la crisis generada por el hambre, la pobreza, el desempleo, la inseguridad y propagación de la pandemia del coronavirus.
La organización y la acción de las masas se sostienen y son de una valentía que tiene pocos antecedentes históricos como ocurre en Usme y en el Portal de las Américas. De manera resuelta la gente hace frente a la violencia policial del Esmad y a la indolencia de la Alcaldesa Claudia López, que derrocha demagogia y mentiras ante las demandas sociales y la masificación de las banderas rojas de millones de hogares sumidos en el hambre y la angustia por la supervivencia diaria.
En estos espacios la novedad es la presencia de una fuerza organizada conocida como la “Primera Línea” integrada por jóvenes desempleados, estudiantes y trabajadores que se colocan a la vanguardia de la resistencia social frente a la indolencia y la ineptitud del gobierno y sus representantes.
En la primera semana del año, desde las grandes cadenas mediáticas y portales uribistas se ha desplegado una campaña sucia para enlodar todos estos procesos señalandolos como vandálicos y delincuenciales para justificar la arremetida policial en cabeza del Comandante de la Policía Metropolitana de la Capital, el General Eliecer Camacho.
Para implementar también la recién aprobada Ley neonazi de orden público que justifica el uso de las armas para asesinar a los integrantes de los movimientos sociales, para encarcelar a los defensores de los derechos humanos que acudan en apoyo a los manifestantes y vender bienes por la SAE (como vehículos de transporte que intervengan en bloqueos) sin que se surtan los procesos de extinción de dominio.
Sin embargo, esta arremetida autoritaria y neonazi del Estado oligárquico colombiano no va a detener la indignación social en la capital de la República en la que se van a presentar nuevas formas de la movilización de masas que requieren de la coordinación y el acompañamiento de todos.
La revuelta popular debe continuar hasta encontrar una salida que responda a las necesidades apremiantes de los más pobres que en todo caso no es el recién aprobado POT de la señora Claudia López hecho para favorecer la especulación inmobiliaria y la acumulación de riqueza de unos cuantos consorcios que monopolizan la construcción de vivienda en la Ciudad.
La acción popular tiene que avanzar en la constitución de nuevas formas de autogobierno en la Capital con una agenda de derechos democráticos, sociales, ambientales, de las mujeres, de los jóvenes, de la población LGTBI.
Es que la crisis sanitaria que ha regresado con más fuerza con la variante Ómicron, la crisis del modelo neoliberal, la recesión económica, la violencia policial, la vulneración de los derechos, el feminicidio en auge, la crisis de la movilidad y la inseguridad orquestada por las mafias policiales que monopolizan el microtráfico, el atraco y el robo de celulares, solo puede ser superada por un potente movimiento social que ya se ha constituido y debe dar el salto a niveles superiores de coordinación y planificación con una Ruta de Trabajo con asambleas, plantones, concentraciones, manifestaciones y revueltas de choque con las redes estatales de dominación y violencia.
2022 ya es un año de luchas y combates populares resueltos como reflejo de una mayor conciencia popular y democrática en el centro urbano más importante de Colombia.
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